La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN) viene atravesado una crisis profunda que pone en jaque las políticas públicas de memoria, verdad y justicia que se conquistaron en las últimas cuatro décadas. Como se plantea desde diciembre, hay “una memoria que arde”; la memoria de todo lo que costó construir los espacios y derechos conquistados y lo que significó cada logro, que hoy está destruyendo o pone bajo amenaza el gobierno nacional presidido por Javier Milei.
Con una preocupación creciente desde Liberpueblo, denunciamos que este espacio se encuentra gravemente afectado por despidos masivos, recortes presupuestarios y una falta alarmante de garantías para continuar con tareas fundamentales como la investigación y el seguimiento de los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Según nos cuentan los propios trabajadores de la Secretaría, entre los que se encuentran integrantes de Liberpueblo, hasta el momento hay 334 trabajadores/as despedidos, que se desempeñaban con responsabilidad en investigaciones sobre el terrorismo de Estado, programas de protección para testigos, y asistencia a víctimas y familiares. Así como también en el funcionamiento de sitios de memoria y el centro cultural Haroldo Conti. Además, cientos de trabajadores/as que continúan sus tareas en condiciones de baja salarial y de una total inestabilidad laboral.
Aparte de quienes fueron despedidos, a la planta de trabajadores/as le bajaron el sueldo a más de la mitad. A otros/as les prometieron que tomando el retiro voluntario serían incorporados con un contrato que todavía no se sabe si va a existir ni cuánto van a cobrar de existir.
A los despedidos, muchos de ellos con bastante antigüedad en sus puestos de trabajo, les indicaron que deberían cobrar la mitad de indemnización, sin embargo, no pagaron ni eso y ahora les dicen que vayan a juicio y quizás en una audiencia prejudicial de SECLO se lo abonen. Para sumar, amenazan con finalizar el contrato de 100 trabajadores/as en febrero/marzo.
Durante todo el 2024 se dio la pelea por mantener los puestos de trabajo, con medidas de conflicto sostenidas durante todo el año a través de los trabajadores/as agremiados en ATE y sus delegados gremiales. En un intento de descabezar el conflicto que se llevó adelante a través del gremio, el gobierno despidió a 15 delegados/as de un total de 23.
En este panorama, hay Sitios de Memoria que tendrían que cerrar por falta de personal, no hay gente para poder hacer funcionar el Archivo Nacional de la Memoria, cerraron el Centro Cultural Haroldo Conti y van desarmando el equipo de abogados de querellas de los juicios.
Hace unas semanas hubo una resolución del juez federal Ariel Lijo para que la SDHN preserve los Sitios de Memoria y el Archivo, pero la respuesta del gobierno fue hacerlo con policías en los edificios, como para evitar «robos o bandalismo».
El vaciamiento de la Secretaría no es un hecho menor. Es parte del proceso de reestructuración de las políticas públicas que apuntan a agravar exponencialmente la violencia institucional, la criminalización de la protesta y la persecución a las organizaciones populares.
La situación de quienes perdieron sus trabajos es, además, alarmante desde el punto de vista humano. Los trabajadores y trabajadoras que fueron despidos no solo pierden su sustento económico, sino también la posibilidad de continuar contribuyendo con su experiencia y dedicación a un proyecto colectivo por una sociedad mejor. Desde Liberpueblo, expresamos nuestra solidaridad y apoyo incondicional hacia elles.
Hoy más que nunca, desde Liberpueblo, reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por la memoria, la verdad y la justicia, contra la impunidad de ayer y de hoy. Es necesario abrazar la lucha de les trabajadores y trabajadoras para exigir la restitución de los puestos de trabajo y la garantía de que ninguna medida gubernamental socave la continuidad de las políticas públicas en defensa de los derechos humanos.
Que arda la memoria para que mantener viva la verdad y la justicia. 
