Desde hace 14 años en el mundo se celebra el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, establecido durante la Primera Consulta Internacional de Mujeres Defensoras en Sri Lanka. El propósito de establecer esta fecha conmemorativa era reconocer el enorme trabajo que las mujeres vienen haciendo históricamente en pos de la defensa y promoción de los derechos humanos y de este modo, también, resaltar la especial necesidad de una protección que contemple su condición de género.
Históricamente las personas que se desempeñan como defensores y defensoras de los derechos humanos viven situaciones de violencia y de vulneración de sus derechos fundamentales, esta es la realidad en América Latina y en nuestro país.
La circunstancias en las que ejercen su labor las y los defensores es de tal riesgo que el Sistema Internacional de los Derechos Humanos reconoce su desprotección y los diferentes organismos de derechos humanos pertenecientes a la sociedad civil han podido documentar las vulneraciones que estos sufren periódica y sistemáticamente.
Según los Organismos de Derechos Humanos algunas de las manifestaciones de violencia se traducen en detenciones arbitrarias, persecución penal, amenazas, torturas, hostigamientos y hasta la desaparición forzada y el asesinato.
En este contexto de extrema violencia debemos prestar especial atención a la labor de las defensoras de derechos humanos que ya viven y atraviesan un mundo donde la discriminación, la desigualdad y la violencia en todas sus formas es parte del cotidiano.
La violencia que se ejerce contra las defensoras tiene un componente específico que la vuelve extremadamente más peligrosa para las niñas, adolescentes, mujeres y diversidades que tienen por labor la defensa de los derechos humanos, su género.
Su condición de mujeres o miembros del colectivo LGTBIQ+ las expone a tipos específicos de violencia, supone un impacto diferenciado y las consecuencias especificadas se ven marcadas por la vulneración, el difícil acceso a los espacios de contención y de justicia sumado a los altos niveles de normalización de la violencia de género.
Las defensoras populares que a lo largo de los años nunca bajaron los brazos y pusieron su coraje y convicciones al servicio de la defensa de los Derechos Humanos son invaluables para nuestra sociedad. Por solo nombrar un ejemplo de ellas, Adriana Calvo, ex- detenida en la última dictadura cívico militar, tuvo a su hija Teresa en el auto de sus secuestradores, después de parir la obligaron a limpiar el vehículo y aun así el miedo no pudo más que su valentía: fue la primera testigo que declaró en el juicio a la junta militar.
Entre las violencias que impactan de manera diferenciada podemos mencionar la sexual y la física que en ocasiones, en su forma más extrema, se convierte en lo que denominamos femicidios, travesticidios y crímenes de odio. Tales son los casos de Micaela García y de la activista trans Diana Sacayan, ambas asesinadas en manos de hombres por su condición de mujeres y activistas feministas y de la diversidad.
Otro tipo de violencias que comúnmente impactan de manera desproporcionada sobre las mujeres y diversidades son las amenazas y el hostigamiento, estas prácticas de instigación suelen dirigirse no sólo a las defensoras sino también a sus grupos familiares, lo que afecta su rol como cuidadoras primarias de sus familias. Podemos observarlo en el caso de Julia Rosales, dirigente del movimiento de desocupados que, en 2017, fue atacada a balazos en la puerta de su casa o el caso de la Abogada en causas de lesa humanidad Laura Figueroa que junto a una testigo de una de las causas recibieron llamados intimidantes, persecuciones en automóviles y los hogares que comparten con sus familias fueron violentados y revueltos mientras ellas se encontraban en un homenaje a las víctimas de la última dictadura militar.
La persecución penal y las detenciones arbitrarias también representan un gran peligro para las defensoras quienes se ven estigmatizadas y desprestigiadas en sus comunidades o ponen en duda su capacidad para llevar adelante determinadas tareas sumado a los riesgos de violencia física y sexual por parte de las fuerzas de seguridad. Tal es el caso de la Abogada Soledad Deza que fue denunciada penalmente por un docente de la Universidad Nacional de Tucumán que estaba siendo sumariado por diversos casos de acoso sexual o el caso de la Abogada defensora de Pueblos Originarios Belen Leguizamon Salvatierra que fue intimada por la justicia luego de haber expresado su preocupación por el retardo en el caso de un dirigente indigene asesinado.
Por su parte, las detenciones arbitrarias son moneda corriente en las movilizaciones masivas de los movimientos feministas o cuando estas se encuentran ejerciendo tareas sociales. Las razzias son una forma disciplinadora de tratar de limitar el ejercicio del derecho a la protesta, este fue el caso de un grupo de activistas del colectivo “Ni una Menos” que, en 2017, fueron perseguidas por militantes conservadores y luego detenidas por 12 horas e imputadas por pintar consignas feministas la noche previa al 8M, día de la Marcha del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, por otro lado la activista femnista Irene Cari fue detenida injustamente por la Policía salteña mientras realizaba el acompañamiento de una niña víctima de maltratos durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
La era digital no queda fuera de las manifestaciones de violencia que traen de relieve el hostigamiento y la persecución que grupos conservadores ejercen sobre las defensoras de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos a través de insultos, amenazas sobre su cuerpo y su integridad sexual o incluso amenazas de muerte. Recientemente, ante la campaña por el nuevo debate sobre el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una serie de periodistas, escritoras y filósofas que se manifiestan a favor del derecho al aborto recibieron en sus redes sociales un video intimidatorio que mostraba a una mujer siendo agredida brutalmente por un hombre junto con el texto “No existe deporte más divertido que domesticar a una Feminista Terrorista Kirchnerista. Después de esto no joden más. ¿Te duele? Me encanta”.
Por ello, es de que desde Liberpueblo reafirmamos la necesidad de que nuestro derecho interno incorpore la Declaración sobre los derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos aprobada por la ONU en 1999. Es necesario avanzar hacia nuevas garantías dentro del cuerpo normativo y el compromiso del Estado argentino en la protección y preservación de las personas que promueven y fomentan el respeto por los derechos humanos.
Por el derecho a defender nuestros derechos.
